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Probatoria por fraude a Educación

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Maritza Rosario Medina, acusada junto a otras 51 personas empleadas por la empresa Rocket Learning por participar en un esquema de fraude de cerca de $1 millón en fondos del programa Título I del Departamento de Educación (DE), fue sentenciada ayer por el juez federal Jay García Gregory a un año de probatoria.

El pasado 17 de mayo la convicta se declaró culpable por robo de fondos federales, luego de que su abogado Eduardo Ferrer y los fiscales federales Seth Erbe y José Capó llegaron a un acuerdo para recomendar una sentencia menor.

La acusación original le imputaba también cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y robo de identidad agravado, los cuales fueron desestimados como parte del acuerdo.

Si Rosario Medina —quien figura como la acusada número 49— hubiese enfrentado el juicio en su contra se hubiese expuesto a un máximo de 10 años de cárcel, a tres años de libertad supervisada y a una multa de $250,000.

La convicta fue acusada en un pliego enmendado que fue emitido por un gran jurado en febrero de 2016. La acusación original fue radicada el 9 de septiembre de 2015. Un total de 31 ejecutivos de Rocket Learning y 21 maestros fueron acusados en relación a este caso por servicios de tutorías no rendidos. Otros acusados también han hecho alegación de culpabilidad.

Según la acusación, los directores regionales, de programas, coordinadores, maestros y líderes de maestros acordaron maximizar la facturación de Rocket Learning para cobrar por servicios que no fueron prestados. Estos recibían bonos basados en la cantidad total del dinero facturado fraudulentamente.

En algunos casos los maestros instruían a los estudiantes a dar nombres falsos con el propósito de burlar el sistema de protección contra fraude que se había implementado para minimizar el robo de fondos federales destinados a los estudiantes más rezagados.

Rocket Learning mantuvo contratos con el DE desde 2005 hasta 2015 y daba servicios a aproximadamente 14,000 estudiantes al año.

Los acusados se exponen a penas de 20 años de prisión, más dos años consecutivos de cárcel por cada cargo de robo de identidad agravado.

El juicio contra los restantes coacusados está señalado para el 14 de enero de 2020.