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De qué hablamos cuando hablamos de ajuste

El gobierno de Mauricio Macri es, para la mayoría de los argentinos, sinónimo de ajuste. Sin embargo, difícilmente podría estar terminando su gestión como lo está haciendo si de verdad se hubiera hecho algún ajuste para corregir los desequilibrios macro de los que adolece la economía doméstica. Porque no se pueden explicar ni el reperfilamiento de los vencimientos de la deuda pública de corto plazo , ni la reprogramación del resto de la deuda, ni los controles cambiarios, ni el agotamiento de las reservas internacionales del Banco Central (solo para mencionar algunos aspectos de la debacle macro) si el ajuste fuera una realidad. Aun así, el cansancio o fatiga por el ajuste (que no es tal) se hizo sentir con vehemencia en las elecciones primarias de agosto pasado.

Dicha fatiga tomó estado público por primera vez con las movilizaciones contra los aumentos de tarifas de servicios públicos a comienzos de 2018. Estas manifestaciones se produjeron incluso antes de las primeras corridas contra el peso, de que las tasas de interés reales alcanzaran niveles prácticamente nunca vistos en la historia argentina, de que desapareciera el crédito y de que la inflación se acelerara definitivamente.

Por lo tanto, la fatiga no es nueva y ha venido creciendo desde entonces alimentada por una macro desequilibrada (podríamos decir desajustada) que impide el crecimiento y la generación de empleo y que compromete cualquier posibilidad de mantener el poder adquisitivo del salario. Es precisamente la evolución del salario real (el nominal ajustado por la inflación) la variable que mejor define por qué el gobierno de Macri es sinónimo de ajuste.

A diferencia de lo que sucedió durante el último gobierno de Cristina Kirchner, el salario durante los últimos cuatro años no acompañó la evolución de los precios. En efecto, los ingresos medidos en términos reales caerían en 3 de los 4 años de mandato de Mauricio Macri (se descuenta que tras la abrupta devaluación de agosto pasado y el consecuente salto inflacionario previsto para septiembre/octubre, el salario real acelerará su caída en lo que resta del año y redondeará una baja incluso mayor a la que se dio en 2018), exhibiendo una pérdida promedio superior al 4% anual durante 2016/2019, lo que significa un derrumbe acumulado de casi 16% a lo largo de la actual administración. Contrariamente, durante 2012/2015 la pérdida media de poder adquisitivo (ajustando los ingresos por la inflación no oficial que divulgaba el Congreso de la Nación) fue apenas negativa (no alcanzó a -0,5% anual), con un acumulado de -1,4% a lo largo del segundo mandato de CFK.

Ahora bien, cabe preguntarse qué puede suceder de aquí en más. El presidente Macri, en el tramo final de la campaña del “Sí, se puede” dice haber escuchado el mensaje de las urnas y ha venido anunciando una gran cantidad de medidas que apuntan a recuperar el ingreso de los argentinos. Por su parte, Alberto Fernández , el candidato de la oposición con mayor chance de convertirse en el próximo presidente, ha dicho en numerosas oportunidades que quiere poner dinero en el bolsillo de los ciudadanos. El problema radica en que ni los anuncios del actual mandatario ni la promesa de Fernández dicen cómo estarán financiadas esas propuestas.

El candidato del Frente de Todos ha deslizado la posibilidad de incrementar algunos impuestos (o de introducir alguno nuevo).

Está claro que en tal caso se estarían redistribuyendo ingresos desde el sector que pague los impuestos al que reciba el “dinero en el bolsillo”: se podría beneficiar a algunos en detrimento del ingreso y del bienestar de otros, una opción con efectos macro difíciles de mensurar aunque claramente con efectos políticos que podrían resultar simpáticos para buena parte de la base de votantes de la oposición peronista. Además, no parece posible financiar un aumento del gasto que tenga efectos discernibles sobre la actividad económica solo con impuestos. En ausencia de otras fuentes de financiamiento (Argentina no podrá reacceder a los mercados de deuda hasta bastante tiempo después de que logre un nuevo acuerdo con el FMI y con los acreedores privados reestructurados), la única alternativa disponible para financiar un mayor déficit fiscal sería el financiamiento inflacionario del mismo a través del balance del BCRA, lo cual daría por tierra con cualquier intento de mejorar el bolsillo o el poder adquisitivo de la mayoría de los argentinos.

La única manera de mejorar el bienestar de las mayorías de manera sustentable es propiciando el crecimiento de la productividad y de la actividad económica. Si la torta no crece, las tensiones por redistribuir las porciones mientras crece el número de comensales se canalizan a través de la política fiscal. Toda una invitación para que una clase política gastomaníaca aplique una y otra vez recetas que no conducen sino al fracaso.