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El Colegio de Abogados choca con la Suprema Corte de Justicia por digitalización de procesos judiciales

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El Colegio de Abogados choca con la Suprema Corte de Justicia por digitalización de procesos judiciales

Entre las críticas planteadas por la SCJ se encuentra la falta de mecanismos previstos para dar seguimiento a trámites que se inicien por medios telemáticos, lo que entienden como la no contemplación de la actuación de los defensores públicos y los sectores sociales que acuden a ellos y la falta de una solución ante presentaciones incompletas, que podrían utilizarse para dilatar los procesos. El documento, al que accedió la diaria , también señala la inconveniencia del uso de la firma escaneada, por no dar las mismas garantías que la electrónica, y plantea que hay casos en los que no es conveniente que el testigo o la parte declaren por vía telemática, “porque no habría garantías suficientes para controlar la espontaneidad y genuinidad de los relatos”.

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La respuesta de la SCJ generó críticas entre los impulsores del proyecto. En declaraciones realizadas al semanario Búsqueda , el presidente del CAU, Diego Pescadere, dijo que el informe de la corte tiene “ideas absurdas” y “errores jurídicos inaceptables”. “La respuesta no está a la altura de las circunstancias ni es acorde a la estatura intelectual que, me consta, tienen algunos de los ministros”, manifestó

La situación provocó enfrentamientos a la interna de la SCJ, dado que varios ministros no se sintieron representados por el escrito enviado al Parlamento, firmado por el presidente, Tabaré Sosa, quien además definió cortar el diálogo con Pescadere y dejar de considerarlo “un interlocutor válido”

Suprema Corte de Justicia, el 23 de marzo, en Montevideo.

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Foto: Federico Gutiérrez

El Colegio de Abogados choca con la Suprema Corte de Justicia por digitalización de procesos judiciales 10 de junio de 2021 · Política pública 3 minutos de lectura A la interna de la SCJ, algunos ministros no se sintieron representados por las críticas realizadas al proyecto. Ingresá o suscribite ¿Ya tenés suscripción?

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Suscribite gratis ¿Ya tenés suscripción? Ingresá ¿No tenés suscripción?

Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita. Suscribite gratis El proyecto de ley sobre uso de medios electrónicos en procesos judiciales enviado por el Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) para agilizar los procesos en el marco de la pandemia generó un quiebre en el vínculo entre los abogados particulares y la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

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La iniciativa propone formas para instrumentar por medios telemáticos diversos actos procesales, como la presentación de escritos, la realización de audiencias por videoconferencias u otras diligencias judiciales. El texto ingresó a la Cámara de Diputados en abril de 2020 y comenzó a ser tratado por la Comisión de Constitución y Códigos en marzo de 2021, ya con una actualización de la propuesta inicial realizada por el mismo CAU.

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En abril, la comisión solicitó un informe a la SCJ, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y al Instituto del Derecho Procesal de la Universidad de la República (Udelar).

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Al responder, la SCJ planteó que la iniciativa del CAU está alineada con las políticas de la corte desde 1998 para alcanzar el expediente digital y destacó que corresponde a la SCJ y al TCA la definición de “cuáles de los distintos mecanismos tecnológicos que se habilitan son pasibles de implementación inmediata y cuáles requerirán de más tiempo, más recursos humanos, económicos y/o técnicos para su introducción a futuro”.

Entre las críticas planteadas por la SCJ se encuentra la falta de mecanismos previstos para dar seguimiento a trámites que se inicien por medios telemáticos, lo que entienden como la no contemplación de la actuación de los defensores públicos y los sectores sociales que acuden a ellos y la falta de una solución ante presentaciones incompletas, que podrían utilizarse para dilatar los procesos. El documento, al que accedió la diaria , también señala la inconveniencia del uso de la firma escaneada, por no dar las mismas garantías que la electrónica, y plantea que hay casos en los que no es conveniente que el testigo o la parte declaren por vía telemática, “porque no habría garantías suficientes para controlar la espontaneidad y genuinidad de los relatos”.

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La respuesta de la SCJ generó críticas entre los impulsores del proyecto. En declaraciones realizadas al semanario Búsqueda , el presidente del CAU, Diego Pescadere, dijo que el informe de la corte tiene “ideas absurdas” y “errores jurídicos inaceptables”. “La respuesta no está a la altura de las circunstancias ni es acorde a la estatura intelectual que, me consta, tienen algunos de los ministros”, manifestó

La situación provocó enfrentamientos a la interna de la SCJ, dado que varios ministros no se sintieron representados por el escrito enviado al Parlamento, firmado por el presidente, Tabaré Sosa, quien además definió cortar el diálogo con Pescadere y dejar de considerarlo “un interlocutor válido”.

Este jueves, el CAU calificó la situación como “un problema institucional sin precedentes” y lamentó que “nada menos que la SCJ, guardián de la Constitución, de los derechos y garantías de las personas, resuelva desconocer a las autoridades electas del Colegio de Abogados del Uruguay y limitar el derecho de su presidente a expresarse libremente”

“La gravedad de tal desborde resulta aún mayor en un momento como el actual, en el que el servicio de Justicia se encuentra virtualmente paralizado desde hace más de dos meses”, sostuvo el CAU en una declaración aprobada por unanimidad de su directorio, en la que también manifestó que “los ministros de la SCJ, como cualquier autoridad pública, están sujetos a la crítica de su gestión si los ciudadanos entienden que hay fundamento para ello”

La ruptura en el diálogo con las autoridades del CAU se da luego de un buen relacionamiento durante la feria judicial extraordinaria, a tal punto que otros actores del sistema criticaron a los ministros de la SCJ por entender que cedían a las presiones del CAU

En diálogo con la diaria , el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust planteó que cuando llegó el proyecto a la comisión se advirtió que se trataba de una propuesta “absolutamente entendible”, pero que plantea la reforma más importante luego de la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal, por lo que una reforma del Código General del Proceso de esa dimensión “no se puede tratar a la ligera”

Para el diputado, la realización de audiencias a distancia es inaceptable, particularmente en materia civil y de familia, y señaló que en la comisión también existen reparos en la presentación telemática de demandas

En cuanto a las diferencias a la interna de la SCJ, Lust dijo que para la comisión la opinión de la SCJ es la que fue remitida al Parlamento. Agregó que todos los partidos políticos que integran la comisión coincidieron en conseguir “la mayor cantidad de insumos posibles”, antes de continuar con el tratamiento del proyecto.

En la sesión del miércoles, la comisión definió pedir informes a otros actores vinculados al sistema de justicia, como el Instituto de Técnica Forense, la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Udelar, la Asociación de Escribanos del Uruguay y la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento

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