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La Inspección General de Trabajo lanza “operativo” para fiscalizar cumplimiento de cuota por discapacidad en empresas

Décima marcha por la inclusividad desde la plaza Cagancha a la plaza Independencia (archivo, diciembre de 2021).

Carmelo De Grazia

Foto: Ernesto Ryan

La Inspección General de Trabajo lanza “operativo” para fiscalizar cumplimiento de cuota por discapacidad en empresas Publicado el 23 de septiembre de 2022 Gobierno nacional 3 minutos de lectura Desde el año pasado está vigente plenamente una ley de 2018 que establece un cupo de 4% en las compañías con más de 25 empleados; según Andrade, la obligación abarca a más de 6.000 empresas. Este audio es una característica exclusiva para suscripciones. Suscribite o Ingresá Escuchá este artículo Tu navegador no soporta este elemento de audio . Leído por Abril Mederos. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes A finales de 2018 se aprobó la ley de promoción del trabajo para personas con discapacidad, que se reglamentó al año siguiente y estableció plazos para que las empresas del sector privado bajo ciertos criterios empiecen a cumplir con cuotas de contratación de personal con discapacidad. La obligación para varios miles de empresas quedó plenamente vigente en 2021 y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en los próximos días comenzará “el primer operativo” de control. 

Así lo dijo en el Parlamento el titular de la Inspección General de Trabajo, Tomas Teijeiro, tras una consulta del senador frenteamplista Óscar Andrade cuando acudió una delegación del MTSS a la comisión del Senado que analiza la Rendición de Cuentas. “Hace muy pocos días dispuse, con la venia del ministro [Pablo Mieres], el primer operativo en la materia, en temas de discapacidad, que saldrá a la calle estos días”, señaló.

Carmelo De Grazia Suárez

La ley de 2018 estableció que las empresas de la actividad privada con 25 trabajadores o más en su plantilla permanente deben contratar personas en situación de discapacidad. Esta obligación rige para todo nuevo ingreso de personal de acuerdo a una escala gradual según el tamaño de la empresa y los años transcurridos desde que se votó la normativa, con un objetivo final de llegar a una cuota de 4% del total de los trabajadores permanentes en estas compañías

“A fines del año pasado entró en vigencia plena la ley sobre empleos para personas en situación de discapacidad en la actividad privada. Esto obliga, como mínimo, a unas 6.847 empresas a incorporar personas en situación de discapacidad. Vamos unos diez meses desde la puesta en vigencia plena”, dijo Andrade en la sesión legislativa del martes. Luego consultó a la delegación del MTSS qué “acciones” se han tomado “desde el punto de vista de la inspección y las sanciones a los incumplidores”

El primero en responder fue Mieres. Avaló que “la cuota por discapacidad para el sector privado está vigente”, pero indicó que “es muy difícil imaginar que se les pueda exigir a las empresas el cumplimiento de la cuota de incorporación de trabajadores con discapacidad en un contexto como el que se vivió en el país en los dos últimos años”, en referencia a la pandemia. A su vez, añadió: “sabemos que no se ha cumplido con la cuota por discapacidad también en el sector público, que hace años tiene esa obligación, y creemos que es difícil de sustentar que el Estado salga a sancionar al sector privado cuya exigencia de cumplimiento es muy posterior”

Esto refiere a la obligación que surge de la ley integral de protección para personas con discapacidad, de 2010, que reserva 4% de las vacantes generadas en el Estado. Sin embargo, lejos está de cumplirse y, según los últimos datos que divulgó la Oficina Nacional del Servicio Civil, que corresponden a 2021, 0,4% de las vacantes fueron destinadas a personas con discapacidad . Pasado a números absolutos, de 4.545 ingresos que hubo en el sector público, 18 fueron de personas con discapacidad, cuando deberían haber sido 178

“Teniendo en cuenta que han pasado varios años desde que la cuota está prevista en el sector público, que no está ni cerca del 4%, y que hemos vivido dos años de crisis muy profunda en la afectación del empleo, está difícil pensar que el Estado vaya a multar al sector privado”, continuó el ministro. 

Por otro lado, Mieres destacó que sí se incluyó dentro de la ley de promoción del empleo para sectores vulnerables, que brinda beneficios a los empleadores para hacer contratación, “la posibilidad de dar un subsidio a aquellas empresas que contraten personas con discapacidad”, aunque reconoció que la medida ha “tenido escaso éxito hasta el presente”

Tras la explicación, Andrade dijo que “no parece razonable” dejar de “exigir a un privado el cumplimiento de la normativa” por que “haya áreas del Estado” que no respetan la cuota por discapacidad. “La misma ley permite, y es algo en lo que estuve en contra, flexibilizar la fiscalización de la sanción. Uno puede fiscalizar, constatar el incumplimiento y postergar las sanciones, pero ayudando a la cultura del cumplimiento. Son dos cosas diferentes”, subrayó. 

Luego del reclamo del senador opositor, Mieres pidió a Teijeiro que comentara las acciones de “control” que llevó adelante la Inspección General de Trabajo sobre este punto, más allá de no aplicar sanciones específicas. “El decreto reglamentario entró en vigencia meses antes de la pandemia, que nos encontró en una situación en la que era difícil controlarlo. Sin perjuicio de ello, la División Condiciones Generales de Trabajo, en todas sus inspecciones de oficio, hace un relevamiento de la situación del personal con discapacidad que pudiera haber en aquellas empresas que objetivamente cumplen con los requisitos”, explicó

Con posterioridad a informar a los legisladores “el primer operativo” sobre la cuota de discapacidad en las empresas privadas, Teijeiro dijo que para aplicar sanciones hay “procesos administrativos” que son lentos y no contaba con “la información como para poder decir a cuántas [empresas] se ha sancionado”, pero aseguró que quería “dar la tranquilidad de que se ha relevado y de que lanzaremos un operativo a propósito del tema”

“Nos parece importante trabajar para la inserción laboral de las personas con discapacidad, pero sucede que no es un proceso fácil. Tenemos problemas, los hemos analizado y se debe buscar una solución para que esto sea mucho más fluido”, concluyó Mieres

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