Correo: [email protected] Tras los devastadores sismos del 24 de junio, la comunidad de la Universidad Central de Venezuela reaccionó con rapidez y entrega para atender la emergencia nacional. Estudiantes, profesores y empleados se dedicaron abnegadamente a poner sus conocimientos y sus capacidades al servicio de las necesidades del momento, de una forma digna de reconocimiento, siendo la participación estudiantil, sin duda alguna, un factor fundamental en la efectividad de las acciones emprendidas. Los daños en la Ciudad Universitaria de Caracas y la necesidad de dirigir los esfuerzos mayoritariamente a la atención de las víctimas del doble terremoto obligaron al Consejo Universitario a suspender las actividades académicas hasta el 1 de septiembre. Así, desde la semana pasada, la UCV ha ido reanudando de manera progresiva sus actividades docentes, bajo un esquema de reprogramación del semestre interrumpido por la tragedia. El artículo que hoy sometemos a su gentil consideración también vio su publicación diferida por la terrible sacudida que la tierra nos dio el 24 de junio, y luego de ello, la dinámica de los acontecimientos nacionales nos llevó a abordar otros temas en este espacio de opinión semanal. Sin embargo, el regreso a las aulas nos ofrece la oportunidad de retomar un tema que nos parece importante desde el punto de vista de la ética política y del compromiso con la formación de la ciudadanía democrática que tanto necesita Venezuela. El pasado 22 de junio, un grupo de estudiantes, en su mayoría candidatos al cogobierno universitario y a la Federación de Centros Universitarios, realizó una protesta a las puertas de un foro que iba a realizarse en la Sala E de la Ciudad Universitaria de Caracas, organizado por el Centro de Estudios de la Historia Actual. La contundencia de tal protesta terminó por impedir la realización del acto. El ponente en dicho foro, cuyo propósito era discutir la gestión gubernamental de Nicolás Maduro Moros hasta el momento de su ext
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